En su ultimo informe mundial sobre la situación de los derechos humanos, publicado en Londres, AI subraya que no se ha llevado a cabo "ninguna investigación independiente e imparcial sobre los acontecimientos de noviembre de 2010 en Gdim Izik y El Aaiún, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes destruyeron un campamento de protesta saharaui."
A
raíz de esa actuación, se produjeron violentos disturbios "en los que
murieron trece personas, entre ellas once miembros de las fuerzas de seguridad",
destaca AI.
AI
critica, asimismo, al movimiento independentista saharaui Frente Polisario al
señalar que éste "no tomó medidas para poner fin a la impunidad de las
personas acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos en sus campos
de Tinduf, en la región argelina de Mhiriz, en las décadas de 1970 y
1980."
Igualmente,
se hace eco del secuestro, en octubre de 2011, de tres cooperantes (una mujer
italiana y un hombre y una mujer españoles), capturados "por un grupo
armado" en un campo de refugiados del Frente Polisario. Al concluir 2011,
los cooperantes aún no habían sido liberados".
En
lo tocante a la situación marroquí, AI reseña las protestas pacíficas que
durante los primeros meses de 2011 tuvieron lugar en Marruecos en demanda de
reformas políticas y que propiciaron que el 9 de marzo el rey Mohamed VI
anunciara un proceso de reforma constitucional, que se materializó en el
referéndum del pasado 1 de julio, en el que la iniciativa fue aprobada.
Aunque
las protestas fueron por lo general pacíficas, "en muchas ocasiones se
tuvo noticia de que las fuerzas de seguridad habían cargado" contra los
que participaban en ellas, "con el resultado de al menos una persona
muerta y numerosos heridos."
"Cientos
de manifestantes fueron detenidos. La mayoría quedaron en libertad más tarde,
pero algunos fueron juzgados y condenados a prisión", señala AI.
La
organización incide en que "según informes", las fuerzas de seguridad
marroquíes "hostigaron a familiares de activistas del Movimiento 20 de
Febrero", el grupo que aglutinaba a la mayoría de quienes solicitaban
reformas políticas.
En
lo relativo a la libertad de expresión, AI hace hincapié en que en Marruecos
"se siguió encarcelando y procesando a periodistas y a otras personas por
criticar públicamente a autoridades o instituciones del Estado o por informar
sobre cuestiones políticamente delicadas."
En
el aspecto referido a la justicia transicional, el informe de AI menciona que
las autoridades marroquíes "no aplicaron las principales recomendaciones
formuladas por la Comisión de Equidad y Reconciliación en su informe de
noviembre de 2005."
En
este sentido, AI pone de manifiesto que "siguió negándose acceso efectivo
a la justicia a las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos
cometidas desde la independencia de Marruecos, en 1956, hasta la muerte del rey
Hasán II, en 1999".
Al
mismo tiempo, AI subraya que "los tribunales marroquíes continuaron
imponiendo la pena de muerte", si bien la última ejecución tuvo lugar en
1993.
Fuente:
porunsaharalibre.org
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