“Deprimente”, “decepcionante” y “catastrófico” fueron algunos de los adjetivos que los parlamentarios de los distintos grupos políticos utilizaron en el debate que analizó el informe de evaluación de la Comisión Europea (CE) sobre ese acuerdo.
“Es el informe más negativo que he visto en mi vida”, resumió la propia presidenta de la comisión de Pesca, Carmen Fraga, del Partido Popular Europeo (PPE) durante el debate.
Fraga se declaró “impresionada” por las conclusiones del Ejecutivo comunitario sobre el funcionamiento del pacto de más importancia política para los Veintisiete en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de pesca, prorrogado hace unos meses y que expirará el 27 de febrero de 2012.
Fraga pidió a la Comisión Europea que explique cuál será la estrategia a seguir una vez concluya el acuerdo en vigor, y en particular si está previsto o no que en el futuro exista otro pacto pesquero.
En caso de que sea así, el acuerdo “tendrá que ser diferente”, subrayó.
“Hay que dar respuestas al sector pesquero, tiene derecho a saber cuál es el futuro”, subrayó Fraga.
Durante la presentación del informe, los eurodiputados expresaron además su preocupación por la falta de datos científicos de las pesquerías y el temor a que muchas de las poblaciones de peces en aguas territoriales marroquíes estén sobreexplotadas.
El impacto del acuerdo sobre la población del Sahara occidental también inquieta a los parlamentarios, explicó por su parte Raúl Romeva (ICV), quien propuso trasladar al Tribunal europeo de Justicia la cuestión de si es o no legal un protocolo que faculta al gobierno marroquí a gestionar los recursos del pueblo saharaui.
El representante de la Comisión Europea presente en el debate explicó sobre este punto que el convenio prevé la exigencia a Rabat de datos para probar que la población del Sahara occidental se está beneficiando de la compensación económica que percibe Marruecos gracias al acuerdo.
En los términos actuales, el acuerdo pesquero con Marruecos ofrece 119 licencias a la flota europea, más una cuota adicional para especies como la anchoa, caballa o arenque, que sitúan en 138 el número de embarcaciones beneficiadas.
A cambio, la UE paga al año 36,1 millones de euros al país magrebí, una parte para su sector y otra para medidas de desarrollo.
Los navíos españoles cuentan con un centenar de permisos, aunque no se utilizan todos, y se ven favorecidos sobre todo barcos con puerto en Andalucía y Canarias.
Fuente:Agencia EFE.
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