Marruecos se sitúa en el puesto 89 en el ranking de países para los que Transparency International ha medido el Índice de Percepción de la Corrupción en 2009, con una puntuación de 3,3 puntos sobre 10. La revista Forbes publicó un informe sobre los ingresos del rey de Marruecos, Mohamed VI, originados por la venta de fosfatos: en 2008, la fortuna de este personaje se ha incrementado entre 1.500 y 2.500 millones de dólares.
Por otro lado, los datos sobre la tasa de alfabetización marroquí son alarmantes. En un informe de la UNESCO de 2006 se manifiesta que la tasa de alfabetización en adultos apenas llega al 50% de media. Estas tres variables, adecuadamente combinadas, dan como resultado una sencilla ecuación: el rey de Marruecos se está beneficiando de los recursos naturales para su propio provecho y en perjuicio del desarrollo de la población. ¿Cómo es posible que Mohamed VI se gaste cada día 1 millón de dólares en el mantenimiento de cada uno de sus doce palacios, mientras la mitad de la población marroquí sufre de analfabetismo?
Saqueo de recursos, violación de derechos Pero esta sencilla ecuación, evidente para cualquier estudiante de primaria, se complica cuando añadimos una variable más: gran parte de esos recursos naturales, de los que impunemente se beneficia Mohamed VI, ni siquiera pertenecen a Marruecos.
Me estoy refiriendo al Sahara Occidental, un país que se extiende al sur de Marruecos y al norte de Mauritania, que fue ocupado ilegalmente por su vecino del norte cuando España, potencia colonial del territorio hasta 1975, se lo cedió a Marruecos, incumpliendo así sus obligaciones de culminar el proceso de descolonización del territorio a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Desde entonces, Marruecos, con la indiferencia de la comunidad internacional y con la connivencia y el apoyo de algunos gobiernos como Francia o España, practica en el Sahara Occidental una política de exterminio de la raza saharaui. La violación de los derechos humanos en los territorios ocupados por parte de las autoridades ocupantes es continua e intensa: detenciones arbitrarias, tortura a los activistas y a sus familias, amenazas, violaciones a jóvenes y menores, requisición de documentación para impedir la salida o la entrada de los activistas en el territorio, desapariciones forzosas… Hay más de cincuenta presos de conciencia saharauis en cárceles marroquíes; siete saharauis han sido detenidos por visitar a sus familiares en los campamentos de refugiados y están siendo juzgados por un tribunal militar, acusados de “alta traición” y con riesgo de ser sentenciados a la pena capital; la activista saharaui de derechos humanos Aminetu Haidar tuvo que estar en huelga de hambre durante 31 días en el aeropuerto de Lanzarote porque le fue confiscado su pasaporte y fue expulsada a España con la connivencia del Ministro español de Asuntos Exteriores. Éste es el panorama al que se enfrentan los saharauis cada día en los territorios ocupados.
De acuerdo a la legalidad internacional que emana de las resoluciones de la ONU, el Sahara Occidental es un Territorio No Autónomo, es decir, un territorio pendiente de descolonización. Y, de acuerdo a esas mismas resoluciones, España, por más que le pese al Gobierno de Zapatero y por más que se emitan comunicados oficiales declarando lo contrario, es la potencia administradora del Sahara Occidental.
La legalidad internacional es muy clara en cuanto a la explotación de los recursos naturales de un Territorio No Autónomo. El ex-Subsecretario para Asuntos Legales de la ONU, Hans Corell, emitió en 2002 un dictamen sobre la explotación de recursos naturales en Territorios No Autónomos. En este dictamen se enfatiza que “la Asamblea General ha condenado la explotación y el robo de los recursos naturales o cualquier actividad económica que vaya en detrimento de los intereses de la población de los Territorios No Autónomos y les prive de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales”.
Corell también manifestó que a Marruecos no se le considera la potencia administrativa legal del territorio. La cuestión del Sahara Occidental se está dirimiendo en las Naciones Unidas, siendo declarado como pendiente de una descolonización basada en el derecho internacional de la autodeterminación. Esto implica que el gobierno de Marruecos, bajo ningún concepto, tiene derecho alguno a actuar en el nombre de los habitantes del territorio ocupado.
Una reciente resolución 63/102 de la Asamblea General, de diciembre de 2008, señala que, en virtud del estatus de Territorio No Autónomo (es decir, pendiente de descolonización) del Sahara Occidental, es el pueblo saharaui quien tiene el derecho de gestionar y explotar sus recursos naturales, reafirmando que “toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos y al ejercicio de su derecho a la libre determinación, reconocido en la Carta y en la Resolución 1514 (XV), es contraria a los propósitos y principios enunciados en la Carta”.
El desastre ecológico está servido
Suele ser habitual que la explotación ilegal, incontrolada y abusiva de recursos naturales venga acompañada de desastres ecológicos y de abusos medioambientales. En este sentido, el Sahara Occidental no es una excepción.
Los ejemplos son numerosos. El CSPRON, una ONG saharaui que trabaja en la clandestinidad por la protección de sus recursos naturales, denuncia el destrozo medioambiental de la laguna de Dajla, al sur del Sahara Occidental. “Con la pesca abusiva e incontrolada”, declara su presidente, Sidahmed Lemjiyed, “Marruecos está acabando con el ecosistema de Dajla. Los bancos de pulpo están siendo esquilmados por pequeñas embarcaciones de colonos marroquíes controlados por las autoridades. Se han creado pueblos artificiales de la nada, como Terneft, población artificial a unos 60 km al sur de Dajla, donde se han asentado unos 12.000 colonos marroquíes que, con más de 3.000 ‘pateras’ están acabando con el pulpo de la zona”. Lemjiyed asegura que “las protestas de los saharauis son brutalmente reprimidas sin ningún tipo de contemplaciones”.
Otro ejemplo es la construcción de miles de metros cuadrados de invernaderos en Dajla, donde los colonos de la potencia ocupante cultivan productos agrícolas que se riegan con el agua de pozos milenarios subterráneos, realizando una explotación salvaje sin el más mínimo control y sin estudios previos sobre la sostenibilidad de los pozos, poniendo gravemente en peligro la subsistencia del ecosistema de Dajla. Y a esto hay que añadir la política de dumping llevada a cabo por Marruecos en la UE con sus productos agrícolas (en octubre de este año, Marruecos exportó a la UE 24.000 toneladas de tomates, cuando el límite estaba en 10.600, y a un precio mucho menor de los 461 € por tonelada pactados, destrozando literalmente la industria española del sector).
Podemos seguir enumerando casos: la venta ilegal de arena saharaui a empresas constructoras canarias, que arrastra multitud de restos arqueológicos (algunos sectores empresariales canarios aseguran hipócritamente que hay que traer la arena “de fuera” porque la arena canaria está “protegida medioambientalmente”); o la tala indiscriminada de la talha, el árbol característico del desierto del Sahara Occidental; o, si hablamos en términos macroeconómicos, la esquilmación del banco de pesca saharaui o la exploración de potenciales pozos de petróleo y gas natural, tanto en las aguas como en el interior del territorio ocupado.
Empresas internacionales
Habría que seguir añadiendo variables a la ecuación, y no son otras que las empresas e instituciones internacionales, muchas de ellas españolas, que se aprovechan de la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos para llenarse los bolsillos. La catalana FMC Foret importa para su fábrica de Huelva medio millón de toneladas de fosfatos; Jealsa, empresa gallega que comercializa las conservas Rianxeira y Escuris y envasa para marcas blancas como Hacendado, de Mercadona, tiene una fábrica en El Aaiun que en 2009 produjo 33 millones de latas; Europacífico, empresa española con socios japoneses, chilenos y neozelandeses, firmó en 2008 un acuerdo con Marruecos de distribución de 30.000 toneladas de pescado saharaui, principalmente pulpo… [9] ¿Y aun así, el Sr. Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, se permitió decir en una reciente conferencia que “en el Sahara Occidental no hay actividad económica”?.
Tenemos, por tanto, una difícil ecuación. Ésta sólo se puede resolver eliminando todas las variables dependientes, íntimamente relacionadas entre sí: denunciemos públicamente a las empresas, a los gobiernos y a los individuos que apoyan sin escrúpulos la ocupación ilegal del Sahara Occidental y que se benefician de la explotación de sus riquezas, y obliguémosles a que cesen de inmediato sus actividades inmorales. Apoyemos iniciativas como la campaña de recogida de firmas para exigir al Comisario de Pesca de la UE que los acuerdos de pesca UE-Marruecos excluyan claramente las aguas del Sahara Occidental.
Y, una vez eliminadas las variables dependientes, sólo nos quedará una variable independiente: el pueblo saharaui y su derecho inalienable a decidir sobre su futuro y sobre sus recursos naturales. Entonces, y sólo entonces, habremos resuelto la ecuación.
Javier García Lachica, miembro de Western Sahara Resource Watch.
Fuente: ecologistas en acción.
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