LOS DERECHOS HUMANOS SIGUEN SIN SER UN INTERÉS PRIORITARIO PARA ESPAÑA, COMO SÍ LO SON OTROS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA ECONÓMICA O ENERGÉTICA, SEGÚN DENUNCIÓ EL MIÉRCOLES AMNISTÍA INTERNACIONAL, QUE TAMBIÉN CRITICÓ LA "CONDESCENDENCIA" DEL GOBIERNO CON DETERMINADOS PAÍSES COMO MARRUECOS O SIRIA.
El organismo destacó por otro lado que las revueltas populares en el norte de África y en Oriente Próximo suponen una oportunidad para que tanto España como la Unión Europea modifiquen la acción exterior hacia estos países, priorizando la protección de los derechos humanos y de las personas.
En su informe "Voces contra el olvido", que analiza la política exterior española en la IX legislatura en España y fue presentado el miércoles en Madrid, Amnistía Internacional elogió no obstante algunas actuaciones del Gobierno en foros internacionales, como el liderazgo para crear una Comisión Internacional contra la pena de muerte, la defensa del derecho al agua o el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
"Los derechos humanos continúan sin ser un interés nacional para el Gobierno. Son algo añadido, marginal", dijo Esteban Beltrán, director de AI en España, durante una rueda de prensa en Madrid.
El organismo destacó que el Gobierno español falla fundamentalmente en los acuerdos bilaterales con China, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Marruecos, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, donde según el informe mantiene una tímida actuación.
"El Gobierno español hace un tratamiento selectivo de los problemas de derechos humanos", declaró Ángela Iranzo, investigadora del organismo y autora del estudio. "En las relaciones bilaterales han primado los intereses económicos a los derechos humanos".
Aunque se destacó como positivo el hecho de que España aprobara al comienzo de la actual legislatura en 2008 un Plan Nacional de Derechos Humanos, convirtiéndose en uno de los 29 países del mundo que lo tienen, el organismo criticó el silencio del Gobierno ante lo que calificó como graves violaciones de los derechos humanos en la "guerra contra el terror de Estados Unidos" y la venta de armas a "destinos preocupantes" como Marruecos Arabia Saudí, Israel, Libia o Egipto.
El Gobierno ha asegurado en declaraciones anteriores, tras otra denuncia del organismo, que ha cumplido con la normativa europea de exportación de material de defensa y que tras el inicio de las protestas en el mundo árabe había revisado "minuciosamente" las licencias en vigor examinando, entre otros criterios, el respeto de los derechos humanos.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio señaló que había cumplido los embargos comerciales impuestos a Libia por Naciones Unidas y por la UE y que desde el 22 de febrero, ante la revuelta en el país del norte de África, inició el procedimiento para anular las únicas licencias de exportación que estaban en vigor: mil gafas de visión nocturna y 301 accesorios para estas.
Amnistía Internacional mostró además su preocupación por la reforma en 2009 de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitía la aplicación del principio de jurisdicción universal, lo que calificó de "lamentable retroceso que obstaculiza el acceso de las víctimas a justicia y reparación".
LAS REVUELTAS, UNA OPORTUNIDAD
Beltrán denunció también que durante años los gobiernos occidentales han visto como algo normal la aplicación de leyes de excepción en el norte de África y en Oriente Próximo, en países que han estado sometidos a décadas de olvido en materia de derechos humanos.
"La crisis en el norte de África y en Oriente Próximo representa en estos momentos una nueva oportunidad para que el Gobierno y al Unión Europea entiendan que estabilidad es igual a Derechos Humanos", dijo el director de AI.
"Pero la actuación de España en el norte de África es un sistema mixto de luces y sombras, por un lado ayuda a establecer un corredor humanitario, pero por otro no ha asumido responsabilidades sobre los inmigrantes que están en Lampedusa", agregó Beltrán, que recomendó al Gobierno que preste ayuda a Italia y a terceros estados para garantizar que los huidos de Libia tengan acceso a protección internacional.
Unos 20.000 inmigrantes han llegado a esta pequeña isla del sur de Italia en las
últimas semanas. El proceso para trasladarlos a otros puntos de Italia ha sido lento y miles siguen en campamentos improvisados y en condiciones sanitarias deficientes.
El organismo calificó de "momento histórico" la resolución de la ONU del pasado 26 de febrero por la que decidió remitir los acontecimientos de Libia a la Corte Penal Internacional, y dijo que la comunidad internacional ha mostrado un compromiso de lucha contra la impunidad que debería convertirse en precedente para otros lugares.
Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno que durante lo que queda de legislatura asegure la aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos consensuado por todos los grupos parlamentarios, que revise caso por caso las exportaciones de armas cuando exista riesgo de que puedan ser usadas para violar los derechos humanos y que incluya la defensa de dichos derechos en sus relaciones bilaterales con China, Rusia y Marruecos.
lainformación.com
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