En 1975, España incumplió con sus responsabilidades internacionales, entregó el territorio saharaui y su gente a Marruecos y a Mauritania. España sigue siendo la potencia administradora del territorio de iure. Los sucesivos gobiernos nunca han condenado las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los ciudadanos que siguen considerándose como españoles mientras que no culmine el proceso de autodeterminación.
El pueblo saharaui ya había reclamado su independencia de la potencia colonial, el 17 de junio 1970 en Zemla, en la primera manifestación pacífica en la que se pedía autonomía en espera de la autodeterminación. Al día siguiente, el líder del movimiento de liberación, Mohamed Sidi Brahim Basiri fue secuestrado y hasta la fecha, continúa desaparecido.
Desde el comienzo de la lucha contra la ocupación marroquí del Sáhara Occidental en 1975, las autoridades marroquíes han hecho de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura unas prácticas sistemáticas con el objeto de aterrorizar permanentemente a todo un pueblo, utilizado así como tentativa de exterminio. Esta política continúa actualmente y se ha incrementado considerablemente a raíz del violento desmantelamiento por la fuerza del campamento de la dignidad de Gdeim Izik, 8 de noviembre de 2010.
En la actualidad, más de 120 presos políticos siguen encarcelados en condiciones muy duras. Todos afirman haber sufrido tortura u otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Ellos están dispersados en diferentes cárceles marroquíes, la mayoría en la cárcel Negra de El Aaiun, el resto repartidos en diferentes cárceles: prisión militar de Salé, cárcel civil de Kenitra, prisión Boulemharez Marrakech, cárcel de Tinznit, la cárcel de Taroudant, la cárcel de Inzegane, la cárcel de Aitmelloul, la cárcel por Ben Sleiman. Además, cerca de 100 personas están en libertad provisional a espera de juicio. Sus familias también sufren enormemente esta situación, ya que a menudo el preso político es el principal sostén de la familia. Su arresto somete a la familia a una inseguridad permanente, y a pesar de las duras condiciones económicas han de conseguir fondos adicionales para poder ir a visitarle a la lejana prisión (un promedio de 1.000 kilómetros en cada sentido).
La difícil situación de los presos políticos saharauis es la consecuencia directa de la complicidad de los gobiernos de España y de Francia con las actuaciones criminales del Reino de Marruecos y de la inexistencia de cualquier mecanismo internacional para la vigilancia y protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis expresa su apoyo y su solidaridad con todos los presos políticos saharauis y con los de todo el mundo, particularmente con aquellos que hoy en día se enfrentan a las barbaries y atrocidades de los regímenes dictatoriales y represivos de sus pueblos.
AFAPREDESA se congratula de la liberación de algunos defensores de derechos humanos, consecuencia de las presiones y campañas internacionales así como las revueltas populares de miles de marroquíes y saharauis reclamando libertad y democracia. Al mismo tiempo, pide que se acentúe la movilización para que ningún ser humano sea privado de libertad por el simple hecho de expresar su opinión política.
El Consejo de Seguridad esta llamado a asumir la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, mediante la ampliación del mandato de la MINURSO o el establecimiento de un mecanismo de Naciones Unidas para la observación y protección de los derechos humanos del pueblo saharaui. Francia y España deberían ser los primeros países en apoyar esta demanda ya que su propia ciudadanía y sus propios valores se lo reclaman.
AFAPRADESA.
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