El pasado 2 de marzo, en una manifestación pacífica, recibió una paliza por parte de la policía marroquí, según asegura, que acabó provocándole un infarto.
Nos recibe en esa habitación del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria conectado a varios cables, pero con buen ánimo. Insiste varias veces en lo bien que le están tratando en el centro, tanto médicos como enfermeros. "Es que yo digo la verdad", señala. Y al igual que agradece, culpa. Ahmed, de 60 años, ha llegado hasta las islas después de que el sindicato Comisiones Obreras mediara con el Ministerio de Asuntos Exteriores, según cuenta, para que fuera trasladado a España. Algo que Marruecos impidió "por el revuelo que podía causar". Es decir, lo ha hecho, finalmente, en un avión comercial, como un pasajero normal. Pero con un infarto a cuestas.
Sucedió el pasado 2 de marzo. Un día en el que, como muchos otros, la Confederación Sindical Saharaui -a la que se han ido adhiriendo otros grupos como los familiares de los presos de Gdeim Izik, los miembros del Comité de coordinación de las víctimas de aquel campamento, o los que denuncian el expolio de los recursos naturales, además de decenas de licenciados y diplomados en paro- salieron a la calle a reivindicar los derechos de los trabajadores basándose en los acuerdos firmados con la Administración española, cuyo protocolo rige el trato que deben recibir los empleados de los Fosfatos de Bucraa, ya sean españoles o saharauis. "En 1977 se rompieron todos los acuerdos de ese Convenio", aprovecha para recordar Ahmed.
Eran una 200 o 300 personas, según sus cáculos, y cuando, según recuerda, estaba hablando con el secretario del gobernador de la ciudad, recibió un porrazo por la espalda. Junto a él está hoy también Lahsen Emhamed, de 66 años, que porta su correspondiente DNI español y una radiografia del cráneo; también ha llegado a Canarias por las lesiones -hemorragia interna- que le provocaron los golpes de la policía aquel día. Él ya está en tratamiento; Ahmed, espera para ser operado del corazón en unos días. Porque después de la golpiza -que recibieron 28 personas más, también mujeres, dicen- fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de la ciudad, y allí, según cuenta, le aseguraron que no tenía nada. Sin embargo, sentía un dolor extraño. "Me dieron unas pastillas y me mandaron a casa; es cierto que no tienen medios, pero tampoco interés", acusa.
Debido a su nacionalidad española "porque trabajé 13 años aqui" recalca, su familia inició los trámites, mediante Comisiones Obreras, para su traslado a España. "En Marruecos sé que no me curarían", dice. Y aunque no con ayuda del Gobierno español, que inicialmente quiso movilizar -asegura Ahmed- un avión de Cruz Roja "pero Marruecos no lo permitió", sí ha llegado a Canarias para poner su salud en manos de la Seguridad Social. Aunque su familia ya advierte de que responsabilizará a Marruecos "de cualquier riesgo que pueda correr su salud" al tiempo que exigen protección "como españoles que somos".
Como españoles, de hecho, estaban considerados en la empresa de fosfatos Fosbucraa cuando el Sahara Occidental estaba bajo administración española. Pero en 1977, a los dos años del abandono por parte del estado español, la fábrica pasó a manos de la empresa estatal marroquí OCP obligando a los trabajadores a jubilarse forzosamente a los 50 o 55 años, quedando con una pensión muy baja, según llevan años denunciando, y sin derecho a medicinas ni atención médica. Los rebajaron de categoría y sufren discriminación en la promoción profesional y en la contratación.
Desde entonces reclaman que se cumplan los convenios firmados. Y a pesar de la edad que van cumpliendo, lo hacen en la calle. Últimamente además, según Ahmed, son los viejos quienes más se animan a manifestarse "porque con los jóvenes se ensañan". Y muchos, dice, están ya entre rejas, desde el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. Es el clima que hay ahora en la ciudad, nos cuenta. De miedo. "No es que olvidemos nuestros derechos, pero hay muchos detenidos en este momento, y la represión es más dura".
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