La declaración, leída ayer al mediodía en el transcurso del acto de clausura del foro, cobra especial relevancia al realizarse apenas 72 horas después de conocerse la resolución de la ONU que prorroga la misión de Naciones Unidas en el territorio saharaui, pero sin ampliar su mandato a la salvaguarda de los derechos humanos. De este modo, el Consejo de Seguridad ha vuelto a hacer oídos sordos a los llamamientos internacionales para garantizar los derechos de la población civil, tal como se está haciendo en otros países árabes.
"Marruecos sigue aplicando la misma política de aniquilamiento contra el pueblo saharaui y de violación sistemática de sus derechos humanos", señalan las conclusiones de la Conferencia de Juristas, que fueron leídas en público por el secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, Felipe Briones.
Algunos de los activistas y expertos consultados no descartan que este nuevo revés de la ONU desborde el malestar que reina en los territorios ocupados y en los campos de refugiados de Tinduf, tras 20 años de estancamiento del proceso de paz como fruto del incumplimiento de los acuerdos de 1991 que establecían la celebración de un referéndum de autodeterminación.
El próximo Congreso del Frente Polisario, que se celebrará en noviembre de este año y en el que será mayoritario el sector joven partidario de la vuelta a las armas, podría hacer suya esta legitimación de la lucha armada como vía para desbloquear la situación.
En la jornada de clausura del Congreso también se abordaron cuestiones como el expolio de los recursos naturales del Sáhara o la venta de armas por parte del Gobierno español.
"Los recursos naturales del Sáhara Occidental son expoliados por Marruecos con la complicidad de los estados occidentales y, en especial, de los países europeos. España continúa vendiendo armas a Marruecos, incumpliendo sus propias leyes, lo que explica en parte su actitud complaciente con el Régimen marroquí", señalan los juristas internacionales en su comunicado final.
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