Según el último informe patrocinado por la Comisión Europea (CE), diversos técnicos legales del Parlamento Europeo y algunos expertos independientes en derecho internacional, califican el acuerdo de ilegal. Por ello, algunas organizaciones como ATTAC, CEAS-Sahara, PUAS, PAPPS, WSRW y Ecologistas en Acción, entre otras, se han aglutinado en una campaña común llamada: “Por una política comercial para los pueblos y el planeta: No a los acuerdos comerciales UE-Marruecos", que tiene como objetivo oponerse a la ratificación de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el país alauí.
“El acuerdo es ilegal, inmoral, desigual e insostenible”, señala Javier García Raboso, representante de dicha campaña en la reunión de hoy. La pesca en caladeros saharauis no debería permitirse por tres razones, comenta el portavoz: “En primer lugar, porque este acuerdo constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, ya que el territorio del Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, por lo que los beneficios de tal explotación deberían repercutir en la población saharaui, además de contar con el visto bueno de su legítimo representante: el Frente POLISARIO”. Al no cumplirse estos requisitos, la explotación de sus recursos naturales es ilegal, ya que Marruecos no está reconocido como potencia administradora del Sáhara Occidental.
En segundo lugar, “que la Unión Europea acceda a ratificar este acuerdo muestra la clara connivencia con el regimen alauí, que desde hace más de 35 años ocupa de manera ilegal el territorio del Sáhara Occidental”, comenta Javier García. De esta forma, la firma de cualquier acuerdo comercial ayuda a mantener el statu quo que impide la resolución pacífica del conflicto.
Por otra parte, el argumento de que dicho acuerdo resulta beneficioso en términos económicos par ambas partes también es falso, pues desde su entrada en vigor en 2007, Europa ha pagado a Marruecos 36,1 millones de euros al año para que sus barcos puedan pescar frente a las costas saharauis, una zona con grandes recursos pesqueros, fosfatos y petróleo en potencia, como una alternativa a los agotados caladeros europeos. Así, se establece la relación costo-beneficio más baja de todos los acuerdos bilaterales en vigencia: cada euro invertido genera un ingreso de 0,83 euros.
En tercer lugar, “el acuerdo es insostenible, ya que las 119 licencias de pesca, de las que 101 corresponden a barcos españoles, han contribuido de manera muy significativa a la sobreexplotación de los recursos pesqueros”, según informa el portavoz de la campaña. Por último, Javier García Raboso, referencia de nuevo al informe para concluir que se generaron tan sólo 170 puestos de trabajo nuevos en el marco de este acuerdo.
A pesar de las sólidas razones, la secretaria de comercio ha respondido que “siguen trabajando por cumplir el derecho internacional dentro del marco del acuerdo”. Sin embargo, volvieron a renovarlo el pasado 27 de febrero. La duración de esta nueva concesión tendrá tan solo un año de duración, debido a las reticencias por su cuestionada legalidad de la propia Comisaria de Pesca, de miembros del Parlamento Europeo y de algunos Estados Miembro, como el Reino Unido, Suecia y Dinamarca, que votaron en contra del mandato hasta que no obtuvieran información que demostrara que el pueblo saharaui se ha beneficiado del acuerdo, y Finlandia y Alemania, que se abstuvieron por la misma razón.
Fuente: Tercera Información.
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