A pesar de que la Comisaria para Asuntos de Pesca, María Damanaki, advirtió a la Comisión Europea de que en la UE no se tenía constancia de que los beneficios del acuerdo iban a parar a la población del Sáhara Occidental, las presiones del “lobby” marroquí han conseguido que entre los países miembros se vuelva a poner en duda lo que los servicios jurídicos del parlamento europeo ya habían dejado bien claro en 2010, o sea, que la UE infringe las leyes internacionales al contribuir a la explotación de los recursos naturales de un Territorio No Autónomo sin el consentimiento de sus representantes y sin que la potencia ocupante demuestre que los beneficios son para esa población autóctona.
Es evidente que el pueblo saharaui no apoya el expolio. Sin embargo, Marruecos vuelve a salirse con la suya (¿cuánto habrá pagado a sus “lobistas” esta vez?), pues recientemente ha logrado que Catherine Ashton firme una carta en la que dice que “a la Comisión le parece que el acuerdo de pesca con Marruecos no es ilegal porque es la potencia administradora de facto”.
Próximamente, los países europeos deben pronunciarse sobre la conveniencia de firmar un nuevo acuerdo de pesca, pues la actual prórroga finaliza en febrero de 2012. Con el fin de tener toda la información para decidir, la Comisión Europea encargó a una consultora (la empresa francesa Océanic Developpement) un estudio sobre los beneficios económicos que este acuerdo revierte en Europa. Según la investigación, el beneficio obtenido por cada euro invertido ha sido sólo de 83 céntimos y, teniendo en cuenta las condiciones del mismo y las toneladas de pescado, no ha sido rentable. Otros analistas van más allá y dicen que ha sido el acuerdo más nefasto para la UE en términos de rendimiento.
Otra investigación realizada por la ONG, Western Sahara Resources Watch arrojó resultados similares. WSRW denunciaba que en el caso de España, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino insiste en que el acuerdo de pesca es primordial para la supervivencia del sector pesquero pero que la realidad es otra. Las condiciones draconianas que impone el poderoso grupo de armadores marroquí, en manos de generales mimados por el “majzén”, para que los barcos europeos no les hagan competencia, hizo que muchos armadores españoles se interesaran por otros caladeros o han constituido empresas mixtas con Marruecos para faenar con bandera marroquí y no con bandera la UE.
Los gobiernos de Francia y España siguen empeñados en hacer creer al resto de países de la UE que el acuerdo de pesca es positivo y que muchos trabajadores dependen de él, pero ¿por qué habría que ayudar con 36 millones de euros anuales a mantener esos puestos de trabajo y no otros? En España los barcos artesanales andaluces pescan en la zona norte de Marruecos.
Los barcos canarios van a aguas del Sáhara Occidental y utilizan sus puertos. No obstante, durante la vigencia del acuerdo han sobrado licencias porque las condiciones y cánones que exige no compensan. Aún así, muchos pescadores dicen que es mejor un mal acuerdo que ninguno porque por lo menos se conservan puestos de trabajo. Lo que se deben preguntar los ciudadanos de la UE y los políticos responsables es ¿a qué precio se conservan esos puestos? La UE debería renunciar a un nuevo acuerdo con Marruecos, no ya por razones éticas sino porque los resultados han sido nefastos en términos económicos. ¿No sería mejor reinvertir esos 36 millones de euros anuales en una reconversión pesquera adecuada para no depender de los caprichos del grupo de presión pesquero marroquí?
Fuente: Minuto a Minuto en los Territorios Ocupados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario